Puede afirmarse con contundencia que, para Santa Cruz, la Autonomía es un proceso inconcluso, nominal y no se la ha ejercido. 

Es generalizado el sentimiento de que tenemos todas las obligaciones, pero no los derechos. Si bien la CPE asigna competencias autonómicas a los departamentos, el Gobierno se ha encargado de limitarlas y/o eliminarlas, mediante decretos u otras leyes, aprobadas incluso en contra de la Constitución, aprovechando sus mayorías parlamentarias y, adicionalmente, limitando los recursos para su cumplimiento.

No hemos hecho uso de las 36 competencias que otorga la CPE y las que se han permitido, son absolutamente insuficientes y, además, se ha tejido una serie de limitaciones legales que incluso impiden que las pocas competencias vigentes puedan ser ejercidas con autonomía plena.

Santa Cruz ha liderado importantes logros en la historia reciente que han potenciado el proceso de la autonomía: la descentralización política, la elección de gobernadores, concejales y alcaldes entre otras y esto ha sido el resultado de una lucha eminentemente política.

Consolidar la autonomía es también un proceso político porque es una lucha de poder. Se reconoce que, por el momento, hay una correlación de fuerzas desfavorable para modificar la autonomía legal, administrativa y política.

El centralismo que sufre Santa Cruz es autoritario, autocrático y antidemocrático. Es legal y también constitucional. 

Hay una concentración de poderes, una planificación centralista y un manejo también centralista de las instituciones, frente a lo cual, los ciudadanos de Santa Cruz, no tenemos posibilidad alguna de beneficiarnos con decisiones o medidas que resuelvan nuestras necesidades y requerimientos más urgentes.

En el sentir de las mayorías, el centralismo responde a un comportamiento del gobierno, pero también a una concepción del Estado que ha marginado a las regiones en la toma de decisiones.

La designación de autoridades judiciales y representaciones de instituciones del Estado, son nominaciones realizadas desde el centralismo, con absoluto desconocimiento de nuestra realidad y con jerarquías que nunca responden a las autoridades departamentales sino a las nacionales que asumen decisiones con base en sus intereses políticos, sobreponiéndolos a las necesidades e intereses del Departamento.

En términos de planificación, las decisiones son centralizadas en el Ministerio de Planificación y cualquier propuesta, idea o proyecto, tanto en su versión de propuesta como de ejecución, requiere de la aprobación de esta instancia que, además, tiene la potestad incluso de modificarlos o eliminarlos sin que tengamos la posibilidad de debatir o reclamar. Lo propio sucede con los Ministerios de Hacienda o cualquier otro que intervenga en esta planificación.

La asignación de recursos a los departamentos, no es consultada ni socializada previamente y las medidas de reducción, se hacen conocer como cosa definida y no es posible modificarlas. Además, para disponer de los recursos asignados, éstos deben sufrir un procedimiento de solicitud de desembolsos cuyos tiempos también dependen de las direcciones y jefaturas de los ministerios.

Las instituciones también son copadas por decisiones desde el centralismo. El problema mayor de esto es que llegan funcionarios, por designación política, sin ninguna capacitación y, peor aún, con absoluto desconocimiento de nuestras realidades. No hay gestión, no hay solución y tampoco hay planificación para resolver los múltiples problemas que genera esta situación. Todavía tenemos ciudadanos y ciudadanas que deben viajar cientos de kilómetros para obtener una cédula de identidad o resolver un trámite menor.

La concentración de poderes en un solo mando, distorsiona todo el sistema.

Se han mencionado algunas causas del centralismo: ni los partidos, ni los sindicatos ni las instituciones quieren modificar la situación del centralismo porque, en realidad, lo que está concentrado y centralizado es el poder mismo del Estado y el manejo de ese poder no quiere compartirse porque les genera una aparente fortaleza.

El centralismo en todas sus formas, ha fracasado y es la causa del estado de subdesarrollo del país.

Necesitamos una redistribución justa, equitativa y solidaria. 

Santa Cruz ha presentado al país varias propuestas de un nuevo Pacto Fiscal que incluya medidas urgentes como el Censo de población y Vivienda y la posibilidad de nuevas normas departamentales que permitan ingresos por tributos.

Nuestro departamento recibe recursos con estadísticas de más de 10 años que han sido super abundantemente superadas por una realidad de migración que ha modificado exponencialmente esas necesidades.

Tampoco se ha tomado en cuenta que el departamento aporta con más del 40 % de los ingresos por impuestos pero recibe solamente el 13 % y la decisión de esos gastos tampoco depende de nuestras autoridades departamentales. La disparidad entre lo que aporta y lo que recibe Santa Cruz es igual en cualquier ámbito de ingresos del erario nacional.

Necesitamos tener la autonomía de normas departamentales tributarias para fortalecer los proyectos y las instituciones locales.

El Gobierno no conoce los problemas del sector productivo. Tampoco participa de las estrategias que se elaboran y su presencia se limita a sanciones y limitaciones que, la mayoría de las veces, resultan más bien en frenos a iniciativas desde el sector.

El sector productivo alimenta a Bolivia, sin embargo, sus problemas más acuciantes no están en la agenda gubernamental y el contacto constructivo es inexistente o nulo.

El sector requiere mejorar su productividad para ser más competitivos y, para ello, se requiere investigación y biotecnología. Muchas de las agroindustrias aportan mensualmente con recursos obligatorios para este fin, pero las entidades beneficiadas no hacen su trabajo.

Los productores están desprotegidos jurídicamente, los planes de saneamiento lejos de cumplir con la expectativa de distribuir tierras a sectores empobrecidos, ha convertido la medida en un negocio de tráfico, abuso y avasallamiento incluso de tierras en plena producción sin que las autoridades tomen medidas efectivas. Nunca se ha reunido la Comisión Agraria ni nacional ni departamental y es la medida constitucional para el consenso en estos temas.

La planificación de caminos y mejora de vías para que los productos lleguen en mejores condiciones no es considerada por el centralismo y, en muchos casos, son los productores con sus propios recursos que hacen la tarea y el esfuerzo.

El SENASAG requiere de una mejor tecnología, capacitación de sus funcionarios, conocimiento del sector productivo y nada de eso ocurre. En vez de ser una entidad de garantía, es una tranca que desacelera cualquier iniciativa.

Se requiere mayor autonomía de la gestión municipal porque competencias sin recursos no son, en realidad, competencias sino obligaciones e imposiciones.

Las provincias del Departamento de Santa Cruz sienten que hay una relación abusiva y totalmente ausente del Estado que cuando se ocupa de ellas, es para dividir las pocas iniciativas de unidad que surgen para avanzar en algún tema.

No hay ninguna comunicación y el Gobierno no conoce los problemas que tienen las provincias y tampoco hace nada por resolverlas. En pleno siglo XXI, hay provincias que carecen de los servicios básicos y, peor aún, los ciudadanos deben recorrer cientos de kilómetros para poder hacer un trámite que en cualquier capital es un trámite simple.

No hay caminos, no hay infraestructura y los pocos funcionarios que llegan para alguna representación estatal, como efecto de una nominación política, no conocen la provincia, no están capacitados y sólo cumplen una función política.

Las provincias reclaman el centralismo del Gobierno, de la Gobernación e incluso de los Municipios y reclaman también que no participan de estrategias de desarrollo en ninguno de los niveles mencionados.

El Gobierno del MAS ha promovido un cambio de la configuración del país de territorios a regiones y alienta la región aimara, quechua, guaraní, etc.

Esta estrategia que podría entenderse como una estrategia política, en realidad disfraza un plan de dominación cultural que, paulatinamente, intenta por diversos medios eliminar tradiciones, costumbres y patrimonio cultural.

La Ley Avelino Siñani es un ejemplo pues se impone una currícula con contenidos totalmente ajenos a nuestro sistema cultural y de costumbres e incluso lenguaje; lo propio sucede en cualquier otro ámbito de lo que constituye nuestro patrimonio cultural.

El Estado está ausente para estrategias y políticas de desarrollo, pero toma iniciativas para promover sus políticas culturales, sus leyes como la de la Madre Tierra que ellos ismo incumplen y otras.